Un año de la orden presidencial contra los cárteles: resultados limitados y nuevas interrogantes sobre la estrategia estadounidense

El pasado 25 de julio se cumplió un año desde que se emitiera una directiva presidencial ordenando al Pentágono intensificar operaciones contra las organizaciones de tráfico de drogas en América Latina. Sin embargo, los resultados de esta iniciativa han sido cuestionables, dejando un saldo de promesas incumplidas y expectativas frustradas entre quienes esperaban un cambio significativo en la lucha contra el narcotráfico. La directiva, que clasificó a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Internacionales, fue utilizada como fundamento para operaciones militares que generaron más titulares que resultados concretos. Una operación fallida de extracción en Venezuela y diversas incursiones navales en el Caribe ilustran una estrategia que aparenta ser más espectáculo que sustancia. Un año después del lanzamiento de esta iniciativa, el Cartel de los Soles y otras estructuras criminales continúan operando sin mayores disrupciones. La directiva permanece vigente como marco oficial para operaciones militares directas en territorio extranjero contra organizaciones específicas, autoridad que abarca múltiples naciones donde se produce y distribuye cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Los analistas señalan que aunque la capacidad militar norteamericana es superior, la verdadera eliminación del crimen organizado requiere más que poder militar. Especialistas advierten que se necesitan instituciones sólidas, fiscalías protegidas, policía profesional y sistemas judiciales incorruptibles, elementos que ninguna estrategia de bombardeo puede proporcionar. Datos recientes de agencias estadounidenses de control de drogas indican que aunque la pureza del fentanilo bajó en 2024, aumentó su mezcla con sustancias peligrosas, perpetuando el ciclo de mortalidad. El encarcelamiento del Mayo Zambada no ha interrumpido el flujo de narcóticos ni alterado significativamente los precios del mercado. La nueva estrategia ha evolucionado para incluir políticos, funcionarios policiales y banqueros cómplices que facilitan las operaciones criminales. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el 8 de agosto que mientras acepta cooperación internacional, no permitirá operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano sin consentimiento formal.