La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Paquete Económico 2027, que deberá entregarse antes del 8 de septiembre, será formulado bajo principios de responsabilidad fiscal y consolidación gradual de las finanzas públicas. Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria expuso que el programa busca reducir el déficit fiscal mientras mantiene intacta la inversión pública y asegura recursos destinados a programas de bienestar, salud y educación. El panorama económico para el próximo año presenta desafíos considerables, ya que los datos recientes de finanzas públicas evidencian un crecimiento más lento en los ingresos disponibles. A pesar de esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta que los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzarán 4.1 por ciento, cifra que refleja la presión ejercida por las agencias calificadoras. Sheinbaum enfatizó que recuperar el rol rector del Estado no implica abandonar la disciplina fiscal ni creer que el desarrollo depende únicamente de aumentar el gasto público. La presidenta argumentó que es necesario contar con finanzas públicas robustas que amplíen la capacidad inversora sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, al tiempo que garanticen derechos fundamentales, impulsen el desarrollo económico, distribuyan equitativamente la riqueza y fortalezcan la soberanía energética. La mandataria recordó que durante varias décadas se implementó un modelo económico que redujo la participación estatal en la economía mediante privatizaciones y concesiones que trasladaron decisiones clave al sector privado, un esquema que demostró ser ineficaz para generar bienestar. Un día después de la presentación del Paquete Económico 2027, el Gobierno Federal dará a conocer reformas complementarias enfocadas en apoyar a las micro y pequeñas empresas así como en dinamizar la economía digital. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, indicó que las reformas implementadas en este periodo se estructuran alrededor de ejes como la soberanía nacional y recuperación de la rectoría estatal sobre sectores estratégicos como Pemex, CFE y Trenes de pasajeros, además de la gestión de recursos naturales. Las iniciativas incluyen el fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante la promoción del maíz nativo y la prohibición del maíz transgénico, la protección del derecho humano al agua y acciones contra el acaparamiento de este recurso, la prohibición de transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros a través de radio y televisión, y la nulidad de elecciones en caso de comprobarse injerencia extranjera.
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