La presencia masiva de sargazo en las costas de Quintana Roo representa una pérdida económica equivalente al 17 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. El sector turístico registra un costo anual de 11,500 millones de dólares derivado de cancelaciones de habitaciones, postergación de reservaciones y daño reputacional del destino. Enrique Lendo, coordinador en México de iniciativas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentó estos números durante la cuarta Conferencia Unión Europea-Caribe Global Gateway dedicada al tema. El impacto económico trasciende la ocupación reducida en hoteles. Los establecimientos enfrentan sanciones en certificaciones internacionales, disminución de recomendaciones y reducción de precios cuando las playas se ven comprometidas. A esto se suma el gasto operacional para mantener limpias las playas, que en Cancún y Riviera Maya asciende a 150 millones de dólares anuales únicamente del sector privado. La estrategia gubernamental para limitar el problema se enfoca en prevenir el arribo del sargazo a tierra. El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Marina, administra un sistema de barreras y embarcaciones recolectoras para incrementar la captura en aguas profundas. El sector hotelero organizado propone interceptar el noventa por ciento en mar abierto y permitir que solo el diez por ciento llegue a la costa. No obstante, surge un desafío importante: qué hacer con el volumen considerable de biomasa recogida. Las Naciones Unidas propone dos opciones: confinamiento con control supervisado o transformación comercial. El confinamiento implica riesgos sanitarios ya que el sargazo contiene arsénico y metales pesados, requiriendo rellenos especializados. La transformación en productos útiles abre posibilidades para elaborar fertilizantes, bioestimulantes y biogás. Actualmente ninguna opción está operativa a nivel comercial. Los emprendimientos que convierten sargazo en insumos agrícolas o energía funcionan con respaldo de organismos multilaterales o gobiernos. El objetivo es convertirlos en modelos financieramente viables. Lendo sugirió adoptar un esquema similar al utilizado tras el Tratado de Libre Comercio, cuando México y Estados Unidos invirtieron cincuenta millones de dólares cada uno en el Banco de Desarrollo de América del Norte para infraestructura ambiental fronteriza. La propuesta es establecer una plataforma para que municipios, estados y empresas desarrollen proyectos sobre sargazo presentables ante organismos como CAF, BID o Banco Europeo de Inversión, con esquemas de financiamiento combinado, coberturas y bonificaciones de carbono que disminuyan costos y riesgos.
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