México enfrenta una transición demográfica que reclama nuevas formas de atención sanitaria. Ante la creciente población de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y ciudadanos con discapacidades que encuentran barreras para acceder a unidades médicas, se presenta una iniciativa legislativa para modificar la Ley General de Salud. La propuesta busca crear un marco legal que obligue a los prestadores del Sistema Nacional de Salud a ofrecer atención médica en los domicilios de pacientes cuya condición de salud, edad o vulnerabilidad social les impida desplazarse a consultorios o hospitales. Este modelo de atención permite realizar consultas, administrar medicamentos, tomar muestras de laboratorio, realizar curaciones, ofrecer rehabilitación, cuidados paliativos y seguimiento post hospitalario en el hogar. Los beneficios se extienden en múltiples dimensiones. Humanitariamente, evita traslados innecesarios que causan dolor y desgaste. Sanitariamente, previene complicaciones al permitir un seguimiento más cercano. Económicamente, reduce hospitalizaciones prevenibles y optimiza el uso de recursos públicos. Éticamente, reconoce el espacio doméstico como lugar donde la terapia puede desarrollarse con dignidad. El desafío es particularmente urgente en territorios amplios con comunidades rurales y zonas de acceso limitado, donde el traslado a una clínica implica costos, tiempo y riesgo físico para las familias. Aunque instituciones como el IMSS e ISSSTE y entidades como la Ciudad de México ya han iniciado experiencias en este campo, el país requiere transitar desde iniciativas aisladas hacia una política nacional estructurada, permanente y mensurable que garantice este derecho fundamental.
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