Pekín rechaza acusaciones occidentales sobre legislación de unidad étnica con alcance extraterritorial

Las autoridades chinas respondieron el viernes a las objeciones planteadas por Washington y Bruselas contra la nueva normativa sobre cohesión étnica, descalificándolas como campaña de calumnias e intromisión en la soberanía del país. La legislación, que comenzó a aplicarse el miércoles, otorga al gobierno chino facultades para sancionar conductas fuera de su territorio nacional. El régimen sancionó esta ley en marzo con el propósito de fortalecer una identidad nacional común entre sus 55 grupos étnicos minoritarios, incluyendo pueblos como los tibetanos y uigures, colectivos que frecuentemente denuncian represión y han protagonizado movilizaciones, algunas de carácter conflictivo. La normativa contempla disposiciones que permiten responsabilizar legalmente a individuos y organizaciones radicados fuera de China por acciones dirigidas a debilitar la armonía étnica o promover separatismo. Guo Jiakun, funcionario de la cancillería china, manifestó que la consolidación del estado de derecho beneficia la protección de derechos de todos los grupos étnicos y fortalece su unidad. Advirtió que potencias extranjeras, movidas por prejuicios ideológicos e intereses políticos, ignoran los avances económicos, sociales y en materia de derechos humanos conseguidos por China, empleando distorsiones informativas e injerencia para socavar la unidad étnica. Instó a estas naciones a basarse en hechos, cesar la difusión de falsedades y abandonar el énfasis en supuestas cuestiones étnicas. En Taiwán existe considerable inquietud por esta legislación, pues la isla, territorio reclamado por Pekín, teme que el régimen disponga de nuevos instrumentos legales para perseguir a ciudadanos taiwaneses catalogados como separatistas. Chiu Chui-cheng, titular del organismo encargado de relaciones continentales en Taiwán, señaló el viernes que la ley posee alcance mundial y prácticamente sin limitaciones. Aconsejó prudencia a los taiwaneses en desplazamientos hacia estados aliados de China como Bielorrusia y Camboya, donde enfrentarían riesgos de extradición. Comparó el instrumento con un edicto imperial por su capacidad de proyección jurisdiccional universal. Taiwán repudia las pretensiones de soberanía china y sostiene que la justicia del régimen carece de competencia en su territorio.