Mexicanos buscan intervención estadounidense ante colapso del estado de derecho

Amplios sectores de la población mexicana depositan sus esperanzas en acciones del gobierno de Estados Unidos para combatir a organizaciones delictivas, funcionarios corruptos y redes criminales que operan con impunidad en el país. La situación del estado de derecho se ha deteriorado significativamente, particularmente tras la debilidad institucional del Poder Judicial, lo que ha permitido al partido en el gobierno consolidar el control de los tres poderes. De acuerdo con el Índice Mundial de Estado de Derecho del World Justice Project, México ocupa la posición 121 de 143 a nivel internacional y 28 de 32 en el ámbito regional. Diversos ciudadanos esperan que las autoridades estadounidenses ejecuten operativos contra el crimen organizado. Como referente, citan la controversia sobre la defensa de la presidenta Sheinbaum hacia el gobernador Rubén Rocha Moya, quien enfrenta un veredicto condenatorio emitido por un jurado ciudadano en Manhattan por presuntos vínculos con carteles, veredicto que el gobierno mexicano rechazó investigar. Funcionarios de la administración Trump habrían filtrado información al gobierno mexicano sobre presuntos vínculos de funcionarios del partido gobernante con organizaciones criminales. De acuerdo con reportes mediáticos, la información incluiría a familiares del expresidente López Obrador, así como a personajes como Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado, y gobernadores como Américo Villarreal de Tamaulipas, Alfonso Durazo de Sonora, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán y Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California. Ha predominado la negativa de investigar a funcionarios afines cuando enfrentan acusaciones, como ocurrió con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda en casos de corrupción. El experto Edgardo Buscaglia subrayó que el veredicto en el caso de Sinaloa fue resultado de un jurado ciudadano independiente que determinó la probable responsabilidad de los acusados con la delincuencia organizada. Algunos analistas sugieren implementar un modelo similar al de Guatemala, donde una comisión internacional investigó redes político-criminales, pero esto requeriría la participación del Estado mexicano, algo improbable dado los señalamientos contra militantes del gobierno.