La paradoja de la intervención estatal: cuando el gobierno ve la inversión privada como inevitable

Tras una pausa en la redacción de estas columnas, retorno con reflexiones sobre las declaraciones realizadas hace quince días por la presidenta Sheinbaum respecto al rol del Estado en la economía mexicana. La mandataria señaló que corresponde al gobierno invertir en derechos fundamentales como educación, salud, vivienda y alimentación, además de sectores estratégicos como petróleo y electricidad. Mencionó que los programas de bienestar han alcanzado la cifra de un billón de pesos y han contribuido a reducir la desigualdad y la pobreza, pero reconoció que el Estado no puede asumir todas las funciones y requiere coordinación con actores privados para lograr un modelo integral de desarrollo. Las palabras de la presidenta revelan una visión estatista donde la participación privada aparece no como opción preferente por su eficiencia, sino como salida forzada ante limitaciones presupuestales. El gobierno enfrenta restricciones severas en ingresos y opciones de endeudamiento, lo que obliga a tolerar la inversión privada bajo el marco de la rectoría estatal consagrada en la Constitución. Este enfoque presenta inconsistencias relevantes. La primera radica en considerar fundamental la producción estatal de petróleo, derivados y electricidad. Estos bienes poseen características de exclusión y rivalidad, lo que los clasifica como privados, no públicos. Igual sucede con transporte ferroviario, servicios aéreos de pasajeros, hoteles, telecomunicaciones, litio y sal producidos por empresas estatales. Todas estas entidades generan pérdidas crónicas que requieren subsidios del erario, recursos que podrían dirigirse hacia educación y salud, derechos que la propia presidenta considera fundamentales. Desde una óptica de bienestar social, resulta más conveniente que la inversión pública se concentre en sectores donde su impacto es superior al mantenimiento de empresas deficitarias.