La inconsistencia estadounidense ante la Corte Penal Internacional: apoyo selectivo según intereses políticos

ABU DHABI— La postura de Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional ha experimentado giros dramáticos en los últimos años, revelando una aplicación selectiva de los principios del derecho internacional según sus alianzas geopolíticas. En 2023, el presidente Joe Biden ordenó a los servicios de inteligencia compartir información sobre crímenes de guerra rusos con la CPI para facilitar la imputación del presidente Vladimir Putin, una decisión que representó un cambio significativo respecto a la histórica negativa estadounidense de reconocer la jurisdicción de la Corte sobre nacionales de países no signatarios del Estatuto de Roma, categoría que incluye tanto a Rusia como a Estados Unidos. Sin embargo, esta posición cambió radicalmente en noviembre de 2024 cuando la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Biden calificó la decisión como indignante, reafirmando el compromiso estadounidense con Israel, otro país no signatario del Estatuto de Roma. El sucesor de Biden, Donald Trump, intensificó la confrontación al imponer sanciones contra funcionarios de la CPI, congelando activos y, mediante su secretario de Estado Marco Rubio, denunciando a la institución como un instrumento de guerra jurídica. Para diciembre, once jueces y fiscales de la Corte enfrentaban sanciones estadounidenses, mientras que en julio pasado el Departamento de Estado lanzó una campaña explícita para desmantelar la institución. Este patrón de comportamiento refleja una contradicción fundamental: Washington parece creer que la CPI es válida cuando persigue adversarios, pero ilegítima cuando se enfoca en aliados. El marco legal del Estatuto de Roma se fundamenta en el principio de complementariedad, estableciendo que la CPI actúa únicamente como tribunal de última instancia cuando gobiernos nacionales no investigan genuinamente presuntos crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Respecto al caso Netanyahu, la objeción jurisdiccional de Israel basada en que Palestina no constituye un Estado soberano ofrece una salida más sensata: una investigación auténtica de los cargos presentados por la fiscalía de la Corte. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos han preferido dirigir sus ataques contra los propios funcionarios de la institución. Las consecuencias prácticas de las órdenes de detención de la CPI no radican en la capacidad de arresto, que la Corte no posee, sino en crear costos diplomáticos significativos para los acusados. Putin, por ejemplo, se ve impedido de entrar a cualquiera de los 125 países que ratificaron el Estatuto de Roma sin riesgo de captura, motivo por el cual participó virtualmente en la cumbre del BRICS en Sudáfrica en 2023. Netanyahu enfrenta una situación análoga, debiendo evaluar constantemente si sus desplazamientos internacionales podrían obligar a gobiernos anfitriones a efectuar su detención. Las sanciones estadounidenses no han aliviado estas restricciones de facto sobre la movilidad de los dirigentes acusados, demostrando la limitada efectividad de las medidas punitivas contra la institución internacional. La crítica más penetrante sugiere que el derecho internacional simplemente refleja realidades de poder político: la CPI persigue a funcionarios rusos en lugar de estadounidenses no porque exista una diferencia en la naturaleza de los crímenes investigados, sino porque Rusia carece del poder para evitarlo.