La acumulación de poder ejecutivo y sus consecuencias para la inversión empresarial

Los empresarios que evalúan proyectos de inversión enfrentan inherentemente la incertidumbre sobre sus resultados futuros. Para que estos proyectos generen utilidades netas que superen el costo de oportunidad del capital, requieren de condiciones específicas en el entorno institucional. Entre las más críticas se encuentran reglas del juego claras, eficientes, transparentes y permanentes, que se apliquen de manera general y equitativa para todos los participantes del mercado. Asimismo, demandan un poder judicial verdaderamente independiente e imparcial, con especialización en asuntos mercantiles y competencia económica, así como garantías de seguridad personal y patrimonial. Estas condiciones conforman lo que constituye un verdadero Estado de derecho, elemento fundamental para la toma de decisiones de inversión y adopción de nuevas tecnologías productivas. Sin embargo, durante las administraciones de López y Sheinbaum se han introducido modificaciones constitucionales y legales que persiguen un objetivo distinto: la concentración de capacidades de decisión y su ejercicio discrecional. López utilizó esta acumulación de poder para cancelar proyectos sin evaluación previa, como el aeropuerto, y para construir obras con rentabilidad social negativa. Igualmente, expandió programas de gasto sin considerar viabilidad fiscal, debilitó instituciones de salud y educación públicas, limitó inversión privada en energía, fortaleció organismos militares con recursos y transparencia limitada, permitió prácticas de corrupción y expansión del crimen organizado, mientras debilitaba órganos autónomos del Estado. Esta dinámica de concentración de poder continúa impactando negativamente las condiciones para la inversión privada en el país.