Los principales fabricantes de automóviles estadounidenses expresaron su preocupación ante la administración Trump respecto a las consecuencias financieras que traería consigo la implementación de nuevas medidas en el tratado comercial norteamericano. Estas empresas enfrentan actualmente una presión económica significativa derivada de los gravámenes arancelarios aplicados durante el año anterior, que afectan tanto al acero y aluminio como a las autopartes y vehículos procedentes de México y Canadá. La situación se complica al observar que los competidores asiáticos y europeos operan bajo estructuras arancelarias menos gravosas. Los ejecutivos de la industria expresan inquietud particular hacia las propuestas que Washington planea presentar en próximas negociaciones con autoridades comerciales mexicanas. Entre los aspectos más controvertidos destaca la demanda de que los vehículos incorporen cuando menos el 50 por ciento de componentes estadounidenses para acceder a aranceles reducidos. Esta disposición, junto con iniciativas para elevar el contenido norteamericano total desde el actual 75 por ciento, representaría un desembolso adicional anual superior a 2,000 millones de dólares por cada productor importante. General Motors proyecta que los gastos vinculados a aranceles alcanzarán entre 2,500 y 3,500 millones de dólares en el período actual, cifra que podría exceder el 20 por ciento de su ganancia operativa. Ford Motor estima que el efecto neto de estos gravámenes rondará los 1,000 millones de dólares. Como respuesta y señalando su compromiso hacia la manufactura doméstica, Ford comunicó recientemente que relocalizará desde China hacia el territorio estadounidense la fabricación de vehículos marca Lincoln destinados al mercado interno, citando explícitamente los aranceles como factor determinante en esta decisión.
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