El Estado busca modernizar la situación legal de miles de megawatts de capacidad eólica que operan bajo marcos regulatorios obsoletos. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Energía al 30 de junio de 2026, existen 42 títulos de autoabastecimiento correspondientes a energía eólica con 4,424 megawatts en funcionamiento, lo que representa el 54 por ciento de toda la capacidad eólica operativa nacional. Estos permisos provienen de la antigua Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, derogada en 2014, y se distribuyen principalmente en Oaxaca con 17 proyectos, además de instalaciones en Baja California, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila. Los titulares de estos permisos representan el 4.5 por ciento de la capacidad instalada eléctrica operativa del país y generan anualmente 15,402 gigawatts por hora, cifra que corresponde al 2.8 por ciento de la energía nacional. La iniciativa gubernamental busca otorgar certidumbre jurídica a los permisionarios mediante tarifas de transmisión congeladas hasta 2028. Estos proyectos han recibido inversiones por 9,066 millones de dólares desde 1991. Durante administraciones previas, el modelo de autoabastecimiento permitió que operadores sumaran hasta 77,000 clientes como socios, generando un sistema de precios preferenciales que fue controversial por no incluir totalmente las tarifas de transmisión. Mauricio Herrera, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, confirmó hace semanas que más de la mitad de la capacidad eólica nacional permanece bajo esta modalidad. La capacidad eólica total del país actualmente alcanza 8,182 megawatts en operación. Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, la CNE ha tramitado 52 solicitudes de migración regulatoria, de las cuales 15 corresponden a centrales de autoabastecimiento, incluyendo siete plantas eólicas, además de fotovoltaicas, ciclos combinados, biomasa y cinco de cogeneración.
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