María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la capital del país para entregar formalmente una respuesta escrita en relación a una citación del Ministerio Público Federal. Acompañada por la cúpula nacional del Partido Acción Nacional, la mandataria estatal cuestionó los fundamentos de la citación, alegando que representa un intento de persecución política en su contra. La gobernadora subrayó su compromiso con la seguridad al referirse a las acciones realizadas por su administración en la Sierra Tarahumara para combatir el narcotráfico. Campos Galván manifestó que la citación carece de bases legales, argumentando que su posición goza de protección constitucional mediante fuero, lo que impide que se le someta a actos de molestia en calidad de testigo o inculpada. Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora, explicó que la presentación del escrito se realizó en la sede capitalina de la FGR según lo establecido en el citatorio notificado. El jurista también cuestionó la claridad de los cargos, ironizando sobre la vaguedad de la investigación. Gil Zuarth enfatizó que la inmunidad constitucional existe precisamente para proteger a funcionarios públicos de hostigamientos penales, particularmente a servidores públicos de oposición. El abogado objetó la falta de motivación y rigor en la solicitud del Ministerio Público, señalando inconsistencias en la documentación. Por su parte, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, reafirmó públicamente el apoyo del partido a la gobernadora chihuahuense, puntualizando que su comparecencia no constituye una presentación para declarar ante la FGR, sino un acto de denuncia contra lo que considera un uso indebido de las instituciones federales con fines políticos.
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