Expertos advierten que nuevas medidas de transparencia presentan limitaciones importantes en seguridad nacional

Especialistas en asuntos de rendición de cuentas señalaron que aunque el decreto firmado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en materia de transparencia gubernamental, aún quedan aspectos críticos sin resolver. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indicó que la clasificación de información bajo el argumento de seguridad nacional continúa siendo un obstáculo significativo. Bohórquez comentó que esta práctica ha sido ampliamente utilizada de forma indebida desde administraciones anteriores para ocultar datos públicos. Señaló que lograr una transparencia genuina requiere establecer límites claros sobre cuándo las Fuerzas Armadas pueden clasificar información, considerando que cada vez participan en más funciones de la administración civil. El especialista agregó que el decreto reconoce que la reforma anterior generó confusión en las dependencias, las cuales aprovecharon para clasificar información como reservada. El documento busca enfatizar que la mayoría de la información debe ser pública de oficio y limita la clasificación reservada a procesos judicales activos y seguridad nacional. Bohórquez consideró que el efecto más relevante es que envía una señal de que la publicidad de información no depende de funcionarios individuales sino de la Secretaría Anticorrupción. No obstante, advirtió que el impacto real contra la corrupción será limitado y dependerá de cómo ciudadanía, medios y organizaciones sociales utilicen esa información, así como de la respuesta oficial ante los hallazgos revelados. Adrián Alcalá Méndez, anterior presidente del extinto Instituto Nacional de Transparencia, calificó el decreto como una solución temporal que no reemplaza la autonomía institucional necesaria. Destacó que contiene aspectos preocupantes aunque algunas medidas de publicidad activa, como la de contratos de Pemex, CFE y contrataciones públicas, resultan positivas. Afirmó que estas acciones no resuelven la paradoja institucional fundamental. El decreto presidencial de ayer busca fortalecer el principio de máxima publicidad del Artículo 6 constitucional para ampliar información disponible en el Portal Nacional de Transparencia y reducir supuestos de reserva informativa.