Expertos advierten que implementar gravamen a fortunas podría recaudar 173 mil millones de pesos anuales en México

Especialistas del Observatorio Fiscal Internacional sostienen que establecer un sistema tributario más justo mediante gravámenes a las grandes fortunas no constituye una medida radical ni imposible de ejecutar. Quentin Parrinello, encargado de políticas en el ITO, manifestó durante una conversación que los análisis realizados por su institución demuestran la viabilidad de crear mecanismos fiscales dirigidos específicamente a los superricos. De acuerdo con el informe más reciente del Observatorio, la implementación de un gravamen mínimo sobre la riqueza del 2% generaría ingresos adicionales anuales de 10 mil millones de dólares, cifra que se traduce en aproximadamente 173 mil 300 millones de pesos considerando la cotización actual del dólar. Esta cantidad de recursos resultaría comparable con el presupuesto asignado durante este año al programa IMSS-Bienestar, que alcanza los 172 mil 492 millones de pesos. Parrinello refutó la idea ampliamente difundida de que esta reforma tributaria representa algo irrealizable o extremista. Enfatizó que los estudios desarrollados demuestran que es completamente viable implementar estructuras fiscales orientadas a que los contribuyentes adinerados paguen en proporción similar al resto de la población. El director también destacó que en tiempos recientes la problemática derivada de la concentración de riqueza se ha vuelto más evidente, particularmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Señaló que el segundo mandato trumpista proporciona un ejemplo claro de cómo los individuos de mayor fortuna ejercen influencia y control sobre las decisiones gubernamentales que repercuten en la existencia de millones de ciudadanos. Parrinello recalcó que la tributación de los superricos trasciende ser simplemente un mecanismo para incrementar los fondos destinados al gasto público, especialmente en una región donde los desequilibrios fiscales se han ampliado simultáneamente con el aumento de presiones presupuestarias. Argumentó que se trata igualmente de una batalla política tendiente a prevenir que el poder se concentre en manos de individuos que buscan privilegios para sus negocios y cuyas acciones determinan el bienestar de la sociedad. Una alternativa más ambiciosa, según evaluación del propio Observatorio, propone establecer una alícuota del 3%, lo cual permitiría obtener una recaudación anual de 36 mil millones de dólares, equivalente al 0.9% del PIB regional. El ITO explicó que el Impuesto Mínimo Efectivo sobre la Riqueza no funciona como un gravamen adicional, sino como un mecanismo de piso mediante el cual, si los impuestos ya pagados sobre ingresos y patrimonio no alcanzan un nivel mínimo, se cobra la diferencia faltante. Ningún sistema tributario de la región contempla actualmente este tipo de dispositivo. Su propósito no consiste en desplazar otros tributos, sino en corregir la irregularidad de que las grandes fortunas carguen con tasas efectivas inferiores a las soportadas por el resto de los contribuyentes.