Excapitanes de Hacienda evaden responsabilidad sobre desigualdad en reformas de los noventa

Los antiguos funcionarios que estuvieron al frente de la Secretaría de Hacienda durante la década de los noventa han resurgido recientemente en espacios de opinión como Nexos y Letras Libres, abordando cuestiones sobre el desempeño económico e insuficiencia de inversión que persisten como problemas estructurales de México. Sin embargo, su análisis adolece de una crítica fundamental respecto a su propio legado: ambos secretarios omiten reconocer que las medidas de ajuste y reforma institucional implementadas en esa época carecieron de estrategias explícitas para combatir la pobreza y la desigualdad. Mientras el debate continúa sobre si la modernización económica requiere mayor intervención estatal en tecnología e infraestructura para competir globalmente, lo innegable es que la transformación de la economía sin una agenda redistributiva fracasa en generar bienestar, estabilidad o crecimiento sostenido. Aspe califica el gasto social como improductivo, mientras que Ortiz critica incrementos salariales sin productividad equivalente, ignorando que los salarios reales se contrajeron previamente a pesar del aumento de productividad. La reforma de esa década nunca contempló reducción de pobreza, tasas efectivas mayores para empresas o incrementos salariales como objetivos centrales. El resultado fue estabilidad inflacionaria conseguida a costa de bajo crecimiento y efectos claramente regresivos en la distribución del ingreso. Aunque la inflación actúa como impuesto regresivo, los sistemas tributarios deben compensar esto mediante gasto redistributivo y programas sociales amplios. El factor laboral, a diferencia del capital, requiere protecciones estructurales como el salario mínimo, mecanismo probado durante más de un siglo. La diferencia fundamental es que hoy se reconoce la inexistencia de recetas universales, exigiendo contextualizar políticas monetarias, fiscales y comerciales conforme a realidades específicas. Reducir la desigualdad debe convertirse en objetivo explícito de cualquier política económica viable, tanto desde perspectivas progresistas como centroderechistas que busquen estabilidad política. Discutir alternativas de crecimiento en un país con desigualdad histórica es imperativo, pues sin resolver esto resulta imposible construir economías modernas ni sistemas democráticos funcionales.