Mientras la Copa del Mundo acapara la atención mediática, México enfrenta conflictos profundos que permanecen latentes. La CNTE mantiene bloqueos y manifestaciones que han generado pérdidas económicas significativas en el Centro Histórico. La presidenta Sheinbaum anunció que dejará de negociar directamente con la organización magisterial para dialogar únicamente con los maestros, aunque sin aclarar las implicaciones de esta estrategia.
Paralelamente, el caso de Rubén Rocha Moya representa uno de los mayores desafíos diplomáticos actuales. México ha rechazado ordenar su detención provisional argumentando que las pruebas proporcionadas por Estados Unidos son insuficientes. Los analistas han señalado que existe un plazo de 60 días establecido en el tratado de extradición para que Washington presente la documentación formal, con vencimiento previsto para el 29 de junio. Sin embargo, este plazo solo se activa si México ordena la detención provisional, algo que Sheinbaum ha descartado categóricamente.
La confusión pública radica en que diversos actores políticos refieren el vencimiento de los 60 días como un mecanismo automático para anular órdenes de captura, cuando en realidad este término solo opera bajo condiciones específicas. La documentación entregada por Estados Unidos constituye apenas una solicitud diplomática inicial, no una petición formal de extradición.
La posición mexicana ha afectado sensiblemente la relación bilateral. El presidente Trump considera la negativa como una afrenta, y aunque no ha implementado represalias directas, analistas advierten que podría aumentar las acusaciones y solicitudes de extradición contra otras figuras prominentes del gobierno y Morena, ejerciendo presión adicional sobre la economía y la confianza en la inversión.