Autoridades desarticulan red criminal que operaba esquema de facturas falsas y blanqueo de capitales

La Fiscalía General de la República informó el viernes sobre el desmantelamiento de una estructura delictiva denominada ‘El Caballito’, dedicada a operaciones de lavado de dinero y emisión de comprobantes fiscales fraudulentos. Ulises Lara, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó a través de redes sociales que se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión durante el operativo, con los detenidos puestos a disposición de las autoridades competentes. El funcionario precisó que la investigación, desarrollada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades hacendarias, reveló que la organización operaba mediante profesionales que diseñaban mecanismos de evasión fiscal desde despachos propios, vendiendo servicios de facturación fraudulenta a empresas legítimas. El esquema funcionaba mediante la creación de empresas pantalla que generaban facturas falsas por operaciones inexistentes, permitiendo la entrada de recursos que luego se distribuían bajo conceptos ficticios, evitando así pagos de contribuciones y reduciendo artificialmente las obligaciones fiscales. Según Lara, los recursos canalizados por estas empresas facturadoras se transferían a los propietarios de las compañías beneficiadas, completando un ciclo que ocultaba el origen del dinero, minimizaba cargas impositivas y sostenía un sistema continuo de emisión de comprobantes falsos que afectaba las arcas públicas. El desmantelamiento resultó de la coordinación interinstitucional que desplegó 440 elementos para investigar y ejecutar cateos en treinta inmuebles distribuidos en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Los detenidos identificados como Maikol N, Salvador N, Laura Belén N, Luis N, Manuel N, Elda N, Monserrat N y Lilia N son presuntamente integrantes de la organización. Las autoridades aseguraron once domicilios, catorce vehículos y dos motocicletas. Lara informó que la red operaba aproximadamente quince empresas y asociaciones civiles con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.