Aduanas y monopolios estatales: Los temas silenciosos en la renegociación del T-MEC

La segunda ronda de negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá avanza con una agenda extensa. El representante comercial estadounidense Jamieson Greer presentó ante Claudia Sheinbaum una lista de aproximadamente 50 temas que preocupan a Washington, entre los cuales destacan el sector energético, automotriz, agrícola y laboral. Sin embargo, existen dos cuestiones críticas que no han recibido la atención pública adecuada por parte del equipo negociador mexicano. El primer asunto involucra el funcionamiento de las aduanas mexicanas. Estados Unidos denuncia que el sistema aduanal genera incertidumbre en las exportaciones estadounidenses debido a fallas e inconsistencias operativas. Washington señala que México ha implementado cambios normativos sin notificación anticipada, como las enmiendas a la Ley de Aduanas que entraron en vigor en enero del año actual. El USTR también critica que las autoridades mexicanas endurecieron unilateralmente las facultades para retener o incautar mercancías. Adicionalmente, se ha registrado una reducción en el número de agentes aduanales, mientras que el proceso de certificación para nuevos agentes permanece cerrado desde 2023. Estas barreras logísticas arbitrarias afectan la planeación eficiente del transporte, incumpliendo los compromisos del tratado vigente. Los expertos atribuyen estos obstáculos a que la Secretaría de Marina asumió el control de aduanas sin poseer la capacidad técnica requerida, propiciando discrecionalidades que facilitan la corrupción. El segundo tema se refiere a los monopolios de empresas estatales en actividades que deberían ser operadas por la iniciativa privada, particularmente en el sector turístico bajo control de la SEDENA. El T-MEC establece disposiciones sobre competencia que obligan a cada país a contar con leyes y políticas propias de competencia. Sin embargo, México disolvió la COFECE autónoma y creó una nueva comisión subordinada a la Secretaría de Economía, debilitando la capacidad regulatoria independiente que el tratado considera óptima.