Luis Enrique Barragán Chávez, conocido en el crimen organizado como El R-5, Wicho o El Güicho, perdió la vida el pasado 30 de agosto durante un enfrentamiento con elementos de seguridad en Tocumbo, Michoacán. Su fallecimiento cerró una búsqueda internacional que había puesto su cabeza en precio: el Departamento de Estado norteamericano ofrecía tres millones de dólares por datos que llevaran a su captura o condena. El criminal también enfrentaba una orden de aprehensión provisional en México con fines de extradición. El Departamento de Justicia estadounidense lo identificaba como segunda figura del Cártel de Los Reyes y brazo operativo de Cárteles Unidos, la alianza delictiva que controla territorios en Michoacán. Bajo su mando funcionaba un grupo armado llamado R5s, empleado para mantener la dominación territorial de la organización criminal. En agosto de 2025, autoridades estadounidenses presentaron acusaciones formales contra cinco criminales de alto nivel de esta estructura, incluyendo a Barragán Chávez. Los cargos lo vinculaban con conspiraciones para fabricar y distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos. Paralelamente, enfrentaba imputaciones por manejo de armas de fuego de alto calibre, sistemas semiautomáticos, ametralladoras y explosivos. De haber sido declarado responsable, habría enfrentado cadena perpetua. Cárteles Unidos fue catalogada por Washington en febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera. Según investigaciones norteamericanas, ganancias provenientes del narcotráfico se reinvertían en fortalecer capacidades bélicas, permitiendo a la organización adquirir un arsenal sofisticado que incluía drones armados, fusiles .50, lanzagranadas, municiones especiales y vehículos blindados improvisados. Barragán Chávez comandaba una de las facciones armadas más equipadas, empleando mercenarios foráneos para asegurar el control territorial.
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