Nueva normativa contra el lavado de dinero en México: entre la ambición regulatoria y los desafíos de implementación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el 7 de agosto las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante el Acuerdo 115/2026. Estas disposiciones responden a la reforma legal aprobada en julio de 2025 y a las modificaciones regulatorias de marzo, consolidando los esfuerzos mexicanos por fortalecer su sistema de prevención de lavado de dinero conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. El cambio más significativo radica en el abandono del esquema tradicional basado en umbrales y avisos, para implementar formalmente un Enfoque Basado en Riesgo. Bajo este nuevo paradigma, las empresas y personas que realicen actividades vulnerables enfrentarán obligaciones especiales de prevención y análisis de riesgos asociados con clientes, operaciones, productos y zonas geográficas. Entre las reformas destaca la reducción del umbral para identificar al Beneficiario Controlador, bajando de 50 a 25 por ciento, lo que permite detectar más efectivamente quién controla realmente una empresa u operación. El monitoreo de Personas Políticamente Expuestas se fortalece con mecanismos automatizados que perfilan operaciones y detectan anomalías, además de acortar el plazo de reporte de hechos inusitados a 24 horas, duplicar la conservación de expedientes a diez años e incorporar auditorías anuales de cumplimiento. Sin embargo, especialistas cuestionan si estas exigencias regulatorias tendrán contrapartida en la capacidad operativa del Estado. Santiago Nieto Castillo, quien dirigió la Unidad de Inteligencia Financiera en 2020, estimó que el lavado anual en México representa entre 1.5 y 5 por ciento del PIB. El GAFI previamente había señalado que México enfrentaba limitaciones para perseguir a los lavadores de dinero y recuperar activos ilícitos. La interrogante central es entonces cuánta de la información generada por el nuevo sistema se convertirá efectivamente en investigaciones, procesos penales y recuperación de recursos.