Desde 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, el comercio exterior se convirtió en un pilar fundamental de la economía mexicana. Las cifras son contundentes: las exportaciones crecieron de 60 mil millones de dólares anuales hace tres décadas a 690 mil millones en la actualidad. Este crecimiento ha generado oportunidades laborales para 10 millones de mexicanos vinculados al sector exportador y ha permitido acceso privilegiado al mercado estadounidense. No obstante, estos beneficios no se distribuyeron equitativamente en el territorio nacional. Las regiones sur-sureste quedaron rezagadas, no por deficiencias del modelo de apertura comercial, sino por debilidades estructurales en capacidad industrial. El problema fundamental radica en que México transformó el tratado comercial en su única fuente de crecimiento económico, replicando el modelo fallido que en su momento implementó con el petróleo. A diferencia de Noruega, que supo maximizar sus recursos energéticos integrando corporativamente a sus ciudadanos, México descuidó alternativas complementarias. Actualmente, el T-MEC enfrenta limitaciones crecientes frente a las necesidades del país, agravadas por las revisiones anuales y la reconfiguración del comercio mundial. El enfoque excesivo en exportaciones provocó el abandono del mercado interno, aunado a debilidades en seguridad pública, infraestructura de interconexión regional, asignación presupuestaria enfocada en gasto corriente sin inversión productiva, y un sector de pequeñas y medianas empresas sin respaldo gubernamental. El panorama se complica con la incertidumbre generada por las revisiones comerciales periódicas, el debilitamiento del estado de derecho tras la reforma judicial y la limitada capacidad de inversión pública. Según encuestas de Banxico difundidas por Bloomberg, el 59 por ciento de especialistas duda de la viabilidad para invertir en México, mientras que el 41 por ciento la considera desfavorable. Durante marzo, mayo y julio, ningún especialista consideró oportuno iniciar negocios. Las proyecciones son sombrías: 68 por ciento espera estancamiento, 7 por ciento anticipa deterioro y apenas 24 por ciento vislumbra mejora. Aunque se anticipa la continuidad del tratado, es previsible que cada revisión signifique pérdidas. La solución requiere reorientar el gasto público hacia infraestructura energética en regiones rezagadas, fortalecer el mercado interno, ampliar la inclusión financiera y reconsiderar la reforma judicial para recuperar confianza institucional.
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