De la Espriella asume la presidencia con una Colombia atrapada por sus propios compromisos

Colombia recibe un nuevo presidente en medio de un panorama fiscal complejo que contrasta con la tradición histórica de prudencia macroeconómica que caracterizó al país durante décadas. Hace treinta y cinco años, los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards documentaban la ausencia de populismo económico en la nación, mientras Miguel Urrutia, quien fue gerente general del Banco de la República entre 1993 y 2005, confirmaba cómo Colombia se mantenía alejada de los ciclos de expansión y colapso que afectaban a otros países latinoamericanos. Esa realidad ha cambiado significativamente. Durante la administración anterior, la contabilidad fiscal fue sometida a diversas presiones que llevaron desde el cumplimiento aparente de la regla fiscal hasta la suspensión de esta durante tres años sin que mediara pandemia, conflicto armado ni desastre natural, según lo señaló Moody’s con precisión. El nuevo mandatario Abelardo de la Espriella hereda una Colombia donde el déficit ronda el siete por ciento del PIB, la deuda alcanza niveles similares a los de la pandemia y la calificación de S&P se ubicó en su punto más bajo desde mil novecientos noventa y tres. Sin embargo, los logros sociales no pueden ignorarse: la pobreza monetaria descendió al veintiocho por ciento en dos mil veinticinco, su menor nivel desde dos mil doce, mientras el desempleo cerró en mínimos históricos del DANE. Estos resultados se financiaron mediante incrementos del salario mínimo por encima de la inflación, expansión del empleo público y un mercado laboral donde más de la mitad corresponde a trabajadores por cuenta propia. El Banco de la República representa otro desafío crucial en esta transición. Durante tensiones políticas recientes, la institución mantuvo su tasa de interés en once punto veinticinco por ciento mediante una votación unánime, pero su independencia de facto sufrió erosión cuando se incorporó consideraciones del ciclo político a sus decisiones operativas. La principal dificultad que enfrenta la nueva administración radica en el blindaje presupuestario: aproximadamente noventa y tres por ciento del presupuesto está comprometido por la Constitución y la ley en conceptos como deuda, pensiones, transferencias y salud, según cifras oficiales de Hacienda para dos mil veintiséis. Esto genera una paradoja: el presidente que prometió reducir el Estado en cuarenta por ciento recibe una estructura estatal con un margen real de ajuste de apenas siete por ciento. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que estabilizar la deuda requiere un ajuste entre tres punto cinco y cuatro punto cinco puntos del PIB, mientras que la regla fiscal volverá a su plena vigencia en dos mil veintiocho.