La Fiscalía General de la República presentó nuevas acusaciones contra el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, señalándolo como responsable de una operación coordinada para suprimir evidencia videográfica relacionada con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Según la titular de la FGR, Ernestina Godoy, existen grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas afuera del Palacio de Justicia estatal que registraron el momento en que fue retenido el autobús de Estrella de Oro que transportaba a los normalistas. Godoy informó que durante años se mantuvo la versión de que estas grabaciones se perdieron por fallas técnicas, pero investigaciones posteriores demostraron que se trataba de una mentira. Dos testigos protegidos declararon este año que las videograbaciones fueron sustraídas intencionalmente bajo órdenes del entonces gobernador priista. La funcionaria subrayó que el ocultamiento de pruebas no fue resultado de negligencia técnica, sino de una operación premeditada orquestada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal, con participación de funcionarios públicos de alto nivel. La FGR vinculó formalmente a Aguirre Rivero con el delito de ocultamiento de evidencias necesarias para esclarecer el paradero de los estudiantes. El exmandatario solicitó licencia en octubre de 2014 y abandonó su cargo antes de concluir su sexenio. Solo se han identificado los restos de tres de los 43 normalistas, permaneciendo desconocido el destino de los demás. Aunque decenas de personas han sido procesadas en el caso, no hay sentencias condenatorias hasta ahora. El caso permanece como una prioridad para el gobierno actual, que lo ha catalogado como crimen de Estado.
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