La calidad institucional es determinante en el desarrollo económico de un país, según demuestra la evidencia científica de reconocidos académicos. El Banco Mundial señala que hasta el 70 por ciento de las diferencias de ingreso entre naciones se explica por la solidez de sus marcos institucionales. Investigadores como Acemoglu y Robinson han probado que instituciones inclusivas generan mayor productividad e inversión, mientras que estructuras extractivas perpetúan la desigualdad e inhiben la innovación. Francis Fukuyama ha documentado cómo la capacidad estatal medida en profesionalismo, autonomía y eficiencia predice el crecimiento económico sostenible. Douglass North, laureado con el Premio Nobel de Economía en 1993, sintetizó este conocimiento afirmando que son las reglas del juego las que determinan si una sociedad prospera o se estanca. El gobierno actual ha recibido elogios de académicos como Mariana Mazzucato, quien ha destacado que la administración impulsa una visión donde el Estado actúa como motor de innovación y creación de valor público. Según la especialista, la estrategia mexicana incluye políticas industriales orientadas por misiones, fortalecimiento de sectores de alta tecnología e integración entre desarrollo económico y bienestar social. Sin embargo, estas evaluaciones favorables contrastan fuertemente con las acciones concretas del gobierno. México ha desmantelado instituciones fundamentales para su desarrollo. La Comisión Federal de Competencia Económica, que gozaba de autonomía técnica, fue eliminada. Organismos reguladores en transparencia, energía y telecomunicaciones sufrieron similar destino. El Poder Judicial ha visto reducida su independencia ante decisiones políticas que aumentan la incertidumbre regulatoria. Esta contradicción entre el discurso institucionalista y las políticas de debilitamiento estatal representa un costo considerable para la economía mexicana mientras compite en un contexto global cada vez más exigente.
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