Justicia Discrecional: El Colapso del Estado de Derecho en México

México enfrenta una crisis institucional profunda caracterizada por la selectividad en la aplicación de la ley y el debilitamiento de los mecanismos de justicia autónoma. La aprehensión de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, ejemplifica este deterioro donde las decisiones judiciales responden a criterios políticos antes que legales. El caso revela la participación de jueces sin preparación jurídica que actúan conforme a directrices presidenciales, generando un sistema donde la persecución se dirige contra opositores políticos del PAN y Somos México, mientras se protege a funcionarios vinculados con Morena. Evidencia de esta dinámica fue la filtración de presuntos vínculos criminales entre los cárteles de drogas y Rubén Rocha Moya, así como Marina del Pilar Ávila. La captura de Ruffo funcionó como contrapeso mediático para neutralizar estas revelaciones bajo la premisa de que el poder presidencial prevalece sobre cualquier investigación. Un tribunal anterior había determinado la falta de elementos probatorios contra su empresa, pero la persecución continuó mediante otro proceso. Esta ausencia de instituciones jurídicas autónomas y confiables genera consecuencias económicas graves. La inversión extranjera se retrae debido a la incertidumbre legal que caracteriza el entorno. El miedo gubernamental impacta decisiones empresariales y la vida civil cotidiana. La situación replica patrones del antiguo sistema priista donde la disidencia política implicaba riesgo de pérdida de libertad y dignidad. México transita hacia tiempos donde el aparato jurídico funciona como instrumento de control político en lugar de garantizar derechos fundamentales.