México experimenta un crecimiento acelerado de su población de adultos mayores, alcanzando aproximadamente 17.2 millones de personas de 60 años o más al cierre de 2025, cifra que representa el 12.8% de la población total según datos del Consejo Nacional de Población. Se proyecta que esta cifra superará los 18 millones en 2026. Este fenómeno demográfico, conocido como ruco power, presenta desafíos complejos para el gobierno, las aseguradoras y los hospitales privados del país. La inflación médica en México ha generado tensiones significativas entre las instituciones involucradas. Las aseguradoras atribuyen el aumento de costos a los hospitales, mientras que estos últimos responsabilizan a las compañías aseguradoras. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la dirección de Edgar Amador, ha mantenido una postura reservada sin intervenir directamente en el conflicto. Una iniciativa legislativa impulsada por el diputado priísta Jericó Abramo Masso desde hace más de un año busca reformar la Ley de Seguros de Gastos Médicos Mayores para frenar lo que considera prácticas abusivas. El dictamen se encontraba próximo a votarse cuando, el 28 de abril de 2026, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena anunció que tanto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, presidida por Pedro Pacheco Villagrán, como la Secretaría de Hacienda solicitaron más tiempo para analizar la propuesta. Esta solicitud se presentó después de más de un año desde su presentación y tras la realización de un Parlamento Abierto. La iniciativa de Masso busca principalmente proteger a los pacientes mediante mayor transparencia y regulación de prácticas abusivas como cláusulas en letra pequeña, aumentos desproporcionados de primas, cobros sorpresivos y pérdida de antigüedad al cambiar de aseguradora. El proyecto contempla adiciones y reformas específicas a artículos de la Ley de Instituciones de Seguros.
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