El presidente Gustavo Petro anunció la salida de Colombia del Sistema de Arbitraje Internacional de Inversión, argumentando que los tribunales privados favorecen sistemáticamente a las empresas multinacionales sobre los intereses nacionales. Durante la presentación de un informe sobre transformaciones en el modelo económico gubernamental, Petro explicó que esta decisión busca proteger la soberanía jurídica y económica del país. La decisión alinearse con una solicitud formulada por 200 economistas y académicos de renombre internacional, incluyendo a Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, quienes solicitaron al Gobierno abandonar un régimen que permite a inversores extranjeros demandar al Estado ante organismos externos en lugar de utilizar los tribunales colombianos. El mandatario enfatizó que otras naciones han optado por caminos similares y cuestionó la pertinencia de que disputas contractuales se diriman en centros de justicia ubicados en países de origen de los contratistas. Según estimaciones del Ejecutivo, Colombia enfrenta actualmente un riesgo de 52 billones de pesos (14 mil millones de dólares) en litigios internacionales en curso. Petro advirtió que un resultado adverso en todos estos procesos duplicaría el déficit primario estatal, por lo que consideró imperativo revisar las reglas de estos arbitrajes. Como respuesta, el Gobierno propone fortalecer los tribunales nacionales e implementar mecanismos multilaterales que garanticen mayor imparcialidad en la resolución de conflictos entre el Estado e inversionistas. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, cuestionó estas afirmaciones al señalar que los registros de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indican que entre 2021 y 2024, en 12 decisiones arbitrales claras, Colombia ganó 10 casos y perdió solo dos.
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