Inmobiliarias enfrentan transformación regulatoria en prevención de ilícitos a partir de noviembre

A partir del 30 de noviembre próximo, el sector inmobiliario mexicano deberá implementar cambios significativos en sus procesos de cumplimiento normativo, tras la entrada en vigor de nuevas disposiciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Según explicó David Merino Téllez, oficial de cumplimiento de AMPI Nacional, estas modificaciones representan una evolución importante respecto al modelo anterior, ya que trascienden el simple envío de avisos e incorporan un sistema integral de cumplimiento que incluye evaluaciones de riesgos, capacitación continua, manuales operativos y mecanismos de control más rigurosos. El especialista enfatizó que las nuevas reglas introducen además un esquema de supervisión completamente renovado que afectará a múltiples actores del mercado. Las sanciones por incumplimiento pueden ser severas, alcanzando multas superiores a 1 millón de pesos por no presentar avisos específicos, mientras que las infracciones más graves pueden superar los 7.5 millones de pesos. Las obligaciones se extienden a personas físicas y morales dedicadas a actividades vulnerables contempladas en el artículo 17 de la normativa, incluyendo operaciones de desarrollo e intermediación inmobiliaria. Asesores inmobiliarios independientes y profesionales que trabajan bajo esquemas de comisión también quedan obligados a cumplir estas disposiciones, siendo responsables de verificar que no cuentan con cobertura automática mediante las políticas de sus empresas contratantes. Los agentes inmobiliarios deberán actualizar expedientes de clientes, implementar procedimientos para conocer sus actividades económicas y el origen de recursos, además de identificar beneficiarios finales y personas políticamente expuestas. Merino Téllez subrayó que la mera inclusión de fotocopias de identificaciones es insuficiente, siendo necesario verificar físicamente que el documento corresponda a quien participa en la operación y documentar adecuadamente este proceso.