Especialistas de la UNAM destacan la complejidad de implementar políticas sobre uso de celulares en planteles educativos

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 81 por ciento de los mexicanos mayores de 6 años utiliza teléfono celular diariamente. Sin embargo, la manera en que estudiantes aprovechan estos dispositivos y su incidencia en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje ha generado intensas discusiones entre académicos y progenitores. Gabriela de la Cruz Flores, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, subrayó que más allá de establecer normas restrictivas, es fundamental crear programas que fortalezcan la ciudadanía digital en la región. De acuerdo con un informe de la Unesco difundido en junio, existen tres enfoques principales implementados en América Latina: regulación, restricción condicionada y prohibición total. Según Janneth Trejo Quintana, investigadora del IISUE, existen dos motivos principales para limitar el acceso a estos aparatos en las aulas. En primer lugar, afectan los procesos pedagógicos y cognitivos al distraer a los estudiantes, impactando negativamente su desempeño. En segundo lugar, el uso de plataformas socidigitales guarda relación directa con la salud mental de menores, fenómeno que ha sido documentado en numerosas investigaciones académicas. Ambas especialistas coincidieron en que el control del uso de celulares debe ser una tarea conjunta entre padres y maestros, ya que su presencia permanente en las aulas representa una fuente constante de distracción. Investigaciones demuestran que cualquier interrupción requiere alrededor de veinte minutos para restaurar la concentración. Hasta marzo de 2026, únicamente cuatro naciones latinoamericanas contaban con legislación específica sobre este tema: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Brasil destaca por incluir regulaciones adicionales en redes sociales y enfatizar la responsabilidad de los padres. En México, diecinueve entidades federativas poseen ordenamientos propios, incluyendo Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, aunque carece de una normativa federal consistente. Recientemente la Secretaría de Educación Pública realizó consultas con docentes de diversas entidades para avanzar en esta materia.