Ecuador activa medidas de emergencia en múltiples territorios ante escalada de criminalidad organizada

Las autoridades ecuatorianas han implementado un régimen de excepción en ocho provincias del país, respondiendo a la creciente ola de violencia vinculada al tráfico de drogas y delitos conexos. La decisión abarca territorios tanto de la costa como de la región andina, incluyendo Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, junto con tres localidades específicas en otras provincias. El mandatario Daniel Noboa justificó la medida citando una grave conmoción interna y estableció un período de vigencia de 60 días. Durante este tiempo, se suspenderán garantías constitucionales relacionadas con la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad. Los datos sobre inseguridad son alarmantes, con una tasa de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes registrada en el año anterior, lo que implica aproximadamente un crimen mortal cada sesenta minutos conforme a reportes especializados. Las organizaciones delictivas operan en múltiples frentes ilícitos, desde narcotráfico hasta secuestros, extorsiones y explotación minera clandestina, generando una disputa territorial sin precedentes. El gobierno ha mantenido una estrategia integral desde que Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023, combinando despliegues castrenses en espacios urbanos, restricciones nocturnas a la circulación y cooperación internacional. Recientemente, se prolongó un toque de queda nocturno en cuatro provincias costeras hasta finales de setiembre. Esta nueva fase de operaciones coincide con la visita del funcionario estadounidense Marco Rubio a la capital, quien expresó respaldo a las políticas ecuatorianas de combate narcotraficante.